Expertos destacan que la inversión en defensa puede generar más de 8.000 empleos anuales en España, muchos de ellos en territorios como Cádiz
La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ha celebrado esta tarde la mesa redonda “Ideas para la contribución al desarrollo de la industria de defensa”, en la que se han analizado los efectos económicos y sociales del gasto público en defensa, especialmente en territorios como Cádiz con fuerte implantación militar e industrial.
El encuentro, enmarcado en el programa DipuInnova 2025 de la Diputación de Cádiz, ha reunido a expertos del ámbito universitario y estratégico con el objetivo de generar propuestas que permitan optimizar la inversión en defensa como motor de crecimiento económico, creación de empleo y refuerzo de la autonomía tecnológica.
El profesor José Balibrea Iniesta, de la Universidad Politécnica de Madrid y moderador de la sesión, explicó que el estudio académico en el que se basa la jornada —elaborado por investigadores de la Universidad Politécnica y la Universidad Complutense— analiza el coste de oportunidad de las inversiones que España realiza en el extranjero en el ámbito de la defensa, tomando como referencia el caso de la Armada Española. “Hemos identificado que aproximadamente el 27% del gasto en defensa se ejecuta fuera de España, lo que supone una pérdida potencial de más de 8.400 empleos anuales, 560 millones de euros de PIB y 181 millones en ingresos fiscales”, señaló.
Este desvío, según Balibrea, responde a dos grandes obstáculos: “uno estructural, como es la falta de capacidades tecnológicas propias, y otro normativo y presupuestario, derivado de las rigideces en los procesos de contratación y ejecución del gasto”.
Durante la jornada, el catedrático de Economía Aplicada Antonio Sánchez Soliño, coautor del estudio, defendió la necesidad de una ley de financiación de la defensa que proporcione estabilidad y permita a las industrias nacionales planificar inversiones en I+D. “Si queremos que el incremento del gasto en defensa —que podría alcanzar hasta el 3,5% del PIB en los próximos años— genere un verdadero retorno para nuestro país, debemos contar con herramientas jurídicas, financieras y de gestión más ágiles y modernas”.
Entre las propuestas formuladas durante el debate, se destacó la utilización de organismos autónomos adscritos al Ministerio de Defensa para canalizar inversiones de forma más eficaz, siguiendo el ejemplo de otros ministerios como Transportes o Ciencia, que ya emplean este modelo con éxito en un 65% y 90% de sus presupuestos, respectivamente.
El analista en geoestrategia y coronel en la reserva Carlos Calvo González-Regueral subrayó la importancia de que España cuente con una estrategia industrial de defensa coherente con sus necesidades estratégicas y su tejido productivo. “No se trata solo de seguridad, sino de soberanía tecnológica, cohesión territorial y creación de empleo de calidad”, afirmó.
Durante la clausura del acto, el presidente de la CEC, José Andrés Santos Cordero, agradeció a los ponentes su contribución y expresó su convencimiento de que “la provincia de Cádiz, con su vinculación histórica a la Armada y su capacidad en construcción naval, ingeniería y logística, está en una posición privilegiada para liderar el desarrollo de una industria de defensa fuerte y generadora de oportunidades”.
La jornada ha servido para poner sobre la mesa propuestas concretas orientadas a mejorar el retorno económico de la inversión pública en defensa, con especial atención a su impacto en regiones como la Bahía de Cádiz, donde una mayor estabilidad de los programas militares contribuiría al mantenimiento y crecimiento del empleo industrial.