Informe CEC: La economía sumergida en Cádiz desciende a su nivel más bajo en cuatro décadas, aunque todavía mueve 4.600 millones de euros
La economía sumergida en la provincia de Cádiz ha alcanzado su nivel estimado más bajo de los últimos cuarenta años. Sin embargo, todavía representa el 15,52 % del Producto Interior Bruto provincial, equivalente a unos 4.613 millones de euros de actividad económica que permanece fuera de los registros oficiales.
Así lo recoge el nuevo estudio Análisis de la Economía Sumergida en la provincia de Cádiz, 1986-2025, promovido por la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), en el marco del programa Dipuinnova, financiado por la Diputación Provincial.
El informe constata una evolución favorable durante los últimos años. En 2012, la economía sumergida representaba el 25,83 % del PIB gaditano, porcentaje que descendió al 19,51 % en 2020 y que se sitúa actualmente en el 15,52 %. Una reducción de más de diez puntos porcentuales que confirma una tendencia positiva, aunque el volumen de actividad irregular continúa siendo considerable.
El presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha valorado estos resultados como una señal de avance, pero ha advertido de la necesidad de mantener los esfuerzos para reducir la economía no declarada.
«Estamos avanzando en la buena dirección, pero no podemos conformarnos. Detrás de estas cifras hay oportunidades de empleo, de crecimiento empresarial y de mejora de nuestros servicios públicos que debemos ser capaces de aprovechar», ha señalado.
Santos ha insistido especialmente en las consecuencias que esta situación tiene para el tejido productivo provincial: «La economía sumergida no es solamente un problema de recaudación fiscal. Es, ante todo, una grave injusticia para los miles de empresarios que cumplen con sus obligaciones, generan empleo y compiten respetando las mismas reglas».
En este sentido, ha advertido de que las actividades que eluden sus obligaciones fiscales y laborales generan una competencia desleal que perjudica a las empresas y desprotege a los trabajadores. «No podemos permitir que cumplir la ley se convierta en una desventaja competitiva», ha subrayado.
Un potencial de crecimiento económico y recaudación
Una de las principales aportaciones del estudio es la estimación de los beneficios que tendría una reducción adicional de la economía sumergida.
Según las simulaciones realizadas, conseguir que la mitad de la actividad actualmente no declarada se incorporase progresivamente a la economía formal hasta 2035 permitiría aflorar unos 2.307 millones de euros de producción.
Además de este efecto estadístico, el modelo calcula que la regularización podría favorecer la generación de 520 millones de euros adicionales de PIB real anual en 2035, lo que equivaldría aproximadamente a 400 euros por habitante.
El impacto sobre las cuentas públicas también sería significativo. Bajo las condiciones contempladas en el estudio, la recaudación adicional podría alcanzar los 988 millones de euros anuales en 2035 para el conjunto de las administraciones públicas.
Los investigadores precisan que se trata de escenarios económicos condicionados al cumplimiento de determinados supuestos y no de previsiones garantizadas.
El desempleo y la temporalidad, factores determinantes
La investigación identifica el desempleo y la inestabilidad laboral entre los factores más relacionados con la persistencia de la economía sumergida. También destaca la incidencia de las operaciones comerciales no declaradas y de determinadas prácticas de facturación.
El trabajo ha sido elaborado por la doctora Izaskun Barba, investigadora de la Universidad Pública de Navarra, bajo la dirección y supervisión del profesor Vicente Ríos, de la Universidad de Pisa.
Esta actualización amplía hasta 2025 los estudios anteriores impulsados por la CEC y la Diputación e incorpora, por primera vez, un análisis de los 45 municipios de la provincia.
El diagnóstico identifica diferentes necesidades de intervención según las características económicas y laborales de cada territorio. Municipios como Barbate, Conil, Chipiona, Vejer, Tarifa y Chiclana presentan condiciones que aconsejan actuaciones específicas de apoyo a la formalización, mientras que Cádiz capital y Jerez requieren estrategias adaptadas a su mayor dimensión empresarial.
Estas clasificaciones no constituyen estimaciones municipales de fraude, sino indicadores que permiten orientar las políticas públicas.
La CEC reclama una estrategia compartida
El informe plantea 18 propuestas de actuación para el periodo 2026-2030, entre ellas mejorar la información estadística, facilitar la regularización de actividades, reforzar la estabilidad laboral, impulsar la digitalización de la facturación y coordinar las actuaciones de las administraciones.
Para el presidente de la CEC, los resultados deben servir como punto de partida para impulsar medidas concretas que permitan reducir la economía irregular sin incrementar innecesariamente las dificultades de empresas y autónomos.
«Combatir la economía sumergida exige perseguir con determinación el fraude deliberado, pero también facilitar que las empresas y los autónomos puedan desarrollar su actividad dentro de la legalidad, con menos burocracia, mayor seguridad jurídica y un marco fiscal y administrativo razonable», ha defendido José Andrés Santos.
El presidente de la organización empresarial considera imprescindible una respuesta coordinada de las administraciones, las empresas y los agentes sociales, que combine el control de los incumplimientos con incentivos y facilidades para quienes desarrollan su actividad legalmente.
«Necesitamos más apoyo a quienes quieren hacer las cosas bien y mayor firmeza frente a quienes incumplen. Defender la competencia leal es defender a las empresas, a sus trabajadores y al futuro económico de la provincia de Cádiz», ha concluido.